A casi un año de la declaración del estado de alarma las condiciones de vida de las
mujeres migrantes y racializadas en Andalucía continúan siendo igual de precarias, y en la
mayoría de los casos, mucho más que cuando una gran parte del mundo se paralizó.
La crisis del coronavirus puso una lupa sobre la vulneración de derechos que
suponen la Ley de Extranjería y las Políticas Migratorias de la UE; sobre las condiciones en
las que miles de jornaleras habitan y trabajan; sobre las desigualdades legislativas que
regulan los trabajos relacionados con los cuidados y el empleo del hogar; sobre las brechas
en el acceso a la vivienda, al empleo y a la formación; las detenciones por perfil racial; en
definitiva: el racismo que en connivencia con el patriarcado se ceba especialmente con las
mujeres migrantes y racializadas.
Nos hemos movilizado desde nuestras voces y territorios para denunciar las
violencias que atraviesan nuestros cuerpos, señalando las causas, proponiendo reflexiones,
alternativas y soluciones. Abriendo y exponiendo realidades que se escondían detrás de
una cómoda normalidad. Un año en el que formalmente no ha cambiado nada, salvo
quizás por un incremento en la visibilización y una mediatización a veces irreflexiva que en
muchos casos solo ha alimentado la polarización.
Sin embargo esto sólo nos da más fuerza para continuar organizándonos y
construyendo espacios propios; para responder por nosotras mismas ante la pasividad de
las instituciones que nos ningunean y el asistencialismo de las entidades que perpetúan
narrativas coloniales hirientes. Fuerza para seguir alzando nuestras voces por encima de
los discursos neoliberales que nos precariza y los discursos fascistas que nos criminalizan.
Fuerza para romper con los prejuicios que nos someten a un papel pasivo y secundario,
cuando no el de figurantes o de cuota de color y diversidad, rara vez entendiendonos como
sujetas propias y recogiendo nuestras demandas.
Este 8 de marzo reivindicamos nuestro derecho a ser nosotras en esta sociedad
andaluza plural y diversa, pero somos muy conscientes de que esto no va a poder ser hasta
que todas y cada una tengamos garantizados nuestros derechos y cubiertas nuestras
necesidades en igualdad de condiciones. Hoy vemos ratificadas nuestras exigencias y
justificadas más que nunca nuestras denuncias, y es así que seguimos exigiendo:
- Una respuesta política e institucional por parte de las administraciones públicas en
materia Servicios Públicos y Asistencia Social, visto que la tercerización de los
mismos hacia organizaciones de base o entidades sin ánimo de lucro supone una
dejación de funciones que les competen directamente. - El cese de la violación de los derechos de las mujeres temporeras que ante la
pasividad de las instituciones del estado y sindicatos viene sucediendo; la falta de
cobertura social, sanidad, alojamiento digno, los fraudulentos contratos de origen, la
explotación; la patronal trata como trabajadoras descartables obteniendo el máximo
de beneficios económicos de su fuerza de trabajo que pagan las temporeras con sus
vidas. No olvidamos ¡Fatima compañera! - La explotación de las compañeras trabajadoras del hogar, cuidadoras,
sociosanitarias, limpiadoras que viven continuamente la violación de sus derechos
laborales y sociales como consecuencia de la división racial y colonial del trabajo,
siendo ellas las impresindibles para que la sociedad Andaluza se sostenga. - Respeto, reconocimiento y derechos socio laborales para las trabajadoras sexuales,
la mayoría migrantes y madres solteras. Alternativas de verdadero progreso social y
económico y no trabajos precarizados para las mujeres que deseen abandonar la
prostitución. Programas sociales que contribuyan a generar empatía con ellas y
disminuya el estigma social que sufren. Protección Real y Efectiva (asilo e
indemnización) para las víctimas de trata y que no sean instrumentalizadas y
revictimizadas por la industria del rescate. - Exigimos la eliminación de todas y cada una de las barreras sociales e
institucionales que nos niegan el acceso a una vivienda digna, empujandonos a la
calle o a malvivir en chabolas. Lepe, Palos, Atochares y sus incendios intencionados
son lo que el racismo y la xenofobia social e institucional han construido para las
mujeres migrantes y racializadas que trabajan en el campo. - Garantías de vida para la infancia y juventud migrante sin referentes adultas. Apoyo
económico y socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta.
Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la
declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18
años. - Pedimos la Resolución favorable de las autorizaciones de residencia y trabajo
presentados en las Oficinas de Extranjería de las distintas provincias, pendientes de
resolución o en vía de recursos administrativos. - El fin de las relaciones coloniales con nuestros territorios, cuerpos y saberes.
- El derecho a que se respete nuestra diversidad afectivo-sexual como mujeres
bisexuales, lesbianas, trans, no binarias, queer y como al resto de disidencias. - La garantía de una cobertura total para la salud en todas las esferas que
comprende. - La regularización de todas y cada una de las personas que se encuentran en
situación administrativa irregular, así como las demandas recogidas dentro de la
campaña #RegularizaciónYa. - La derogación de la Ley de Extranjería.
- El fin de la explotación laboral, en condiciones de esclavitud, a las trabajadoras del
hogar, jornaleras, temporeras y demás, sectores con un marcado perfil racial y
migrante. - El cierre de los CIE, CATE, CETI o todo centro de similar estructura y finalidad, cuya
existencia vulnera la esencia de los Derechos Humanos. - La promoción de políticas antirracistas, no desde la moralidad, sino del quehacer
político donde seamos partícipes como sujetas de derechos y reconocidas las voces
que ya tenemos. - La agilización de los procesos burocráticos en las oficinas de extranjería, que dilatan
excesivamente los trámites y en muchos casos pasan tres o cuatro meses para
poder solicitar una cita. - El cese de las políticas que siguen golpeando a las mujeres migrantes, racializadas
que siempre somos las que estamos en mayor riesgo de pobreza, las políticas que
criminalizan la inmigración y la diversidad cultural y que tienden cada vez más a
imponer una ideología fascista, violenta y antidemocrática. - El reconocimiento de la historia andaluza afrodescendiente y el papel que Andalucía
jugó en la invasión de Abya Yala - El fin de la violencia a las madres migrantes y racializadas, que son acosadas por
las instituciones y estigmatizadas por la sociedad. - El fin de la Frontera Sur, que cada vez externaliza su propia violencia.
Las mujeres migrantes y racializadas desde nuestra diversidad territorial, sexual y
racial, desde nuestro sentir, denunciamos que la feminización de la pobreza y la
precariedad, son producto del sistema capitalista, racista y colonial que cada día nos
agrede, viola nuestros derechos y nos asesina. Reivindicamos que seguimos siendo
nosotras las que sostenemos la vida, echándonos a nuestras espaldas el peso de los
cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados en el contexto político andaluz,
nicho de los discursoso de odio y discriminación.
Seguiremos construyendo un 8M que siente sus bases en los feminismos
antirracista, descolonial, antifacista, interseccional, anticapitalista y ecologista. Porque
somos conscientes de nuestras opresiones, no vamos a permitir ninguna otra. Porque sin
antirracismo, los feminismos son sólo supremacía blanca colonial, y sin feminismos no hay
antirracismo. Este 8M lo tenemos claro:
Contra el capitalismo que nos explota,
el colonialismo que nos empobrece y roba,
el racismo que nos violenta
y el machismo que nos viola y asesina:
feminismos antirracistas.
