Tarajal

Empecemos explicando que el racismo institucional, también conocido como racismo sistémico, que es un tipo específico de racismo.

Es el trato diferenciado, bajo leyes, políticas y procedimientos aparentemente neutrales que se les da a ciertos grupos raciales.

Se refuerza por prácticas institucionales y de poder que originan un trato inequitativo a determinados grupos sociales.

Racismo y racismo institucional no son lo mismo, el racismo es el odio, desprecio o prejuicio contra otras etnias. 

El racismo institucional es cuando estas ideas están apoyadas por el sistema, desde las instituciones y estructuras de poder.

Y un claro ejemplo de racismo institucional es el archivo de la causa contra los guardia civiles del “caso Tarajal”.

Lo que ocurrió fue que el 6 de febrero de 2014, unas 90 personas migrantes intentaron entrar a nado por la frontera de la playa Tarajal, en Ceuta. Mientras estas personas se encontraban en el mar, varios agentes de la Guardia Civil intentaron evitar su llegada a al suelo español utilizando material antidisturbios como pelotas de goma, pistolas de fogueo y botes de humo (información proporcionada por las autoridades durante sus testificaciones en el caso Tarajal).

Al menos, 14 vidas fueron arrebatadas, una desapareció, y 23 fueron devueltas sin seguir ningún procedimiento y por tanto, sin ninguna garantía ni derecho.

A continuación algunos extractos de las diferentes sentencias del procedimiento:

“Se justifica el uso de materiales antidisturbios, culpando a inmigrantes de asumir el riesgo de entrar irregularmente y hacer caso de la actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”

“La tragedia estaba implícita en el procedimiento elegido por ellos (los migrantes) para llevar a efecto el asalto, siendo aquella preexistente a la intervención de los guardias civiles, que en principio se limitaron, en cumplimiento de su deber, a intentar impedir que traspasaran la línea fronteriza con los medios que en esos momentos tenían a su alcance”

“Entendemos que se ha hecho justicia ya que queda demostrado que los agentes de la Guardia Civil actuaron conforme a la legalidad vigente en funciones de impermeabilización de frontera.”

6 años después y varios archivos del caso y recursos, el 28 de julio de 2020 la Audiencia Provincial de Cádiz desestima el último recurso interpuesto y se archiva la causa.

Para la justicia no parece haber motivos para acusar a los 16 guardia civiles que dispararon bolas de goma y botes de humo. Dice que esta práctica no tiene nada que ver con la muerte de 14 personas en el Tarajal el 6 de febrero de 2014.

Absuelven a 16 guardias civiles por no decir que absuelven a la Guardia Civil, por no decir que absuelven al Ministerio de Interior y por no decir que absuelven al Estado Español, a la Unión Europea y a su necropolítica.

Así se construye la impunidad sobre los crímenes en las fronteras y se legitiman práticas de racismo institucional.

Todo ello, llevó a que el 13 de febrero del año siguiente, 16 guardias civiles fueron llamados a prestar declaración, en calidad de presuntos culpables, ante el juzgado número 6 de Ceuta. Actuando como acusación particular algunas asociaciones en defensa de los Derechos humanos (DDHH).

Esto es lo que ha sucedido desde entonces:

• 13 febrero de 2015: 16 guardias civiles son citados a declarar.
• 15 de octubre de 2015: sobreseimiento de la causa. [La jueza no ve indicios de delito ni de homicidio. Quita importancia a las devoluciones en caliente. Se cierra el caso.]
• 13 de enero de 2017: La audiencia de Ceuta admite recursos de apelación y se reabre el caso.
• 27 de enero de 2018: se cierra de nuevo el caso. [Las acusaciones denuncian que no se han escuchado dos testimonios.]
• 31 de agosto de 2018: la audiencia de Cádiz reabre el caso “6-F”. [“No se ha realizado el más mínimo intento de escuchar a los testigos”, dice la audiencia.]
• 24 de septiembre de 2019: la jueza cita a declarar a los 16 agentes. [Una nueva jueza quiere saber si hubo omisión de socorro.]
• 30 de octubre de 2019: se aplica la doctrina botín y se cierra el caso por última vez. [La jueza la aplica al no haber acusación particular. A las familias se les ha negado en repetidas ocasiones personarse.]
• Enero de 2021: a la espera de que el tribunal supremo reabra o cierre definitivamente el caso Tarajal.